martes, marzo 15, 2005

Linux, WiFi y otros servicios prestados por entes públicos

El debate sobre el apoyo de los organismos públicos al Linux/Open Source/WiFI colectivo no cesa.

Existen personas que apoyan y otras que se oponen a las decisiones que sobre el Linux y otros paquetes de Open Source están tomando gobiernos internacionales o regionales.

Existen dos tipos de actividad en discusión.

La primera es el uso interno de software libre o de adaptaciones propias de ese software. Ahí poca es la discusión, salvo la ideológica. Si Linux o el paquete Open Source que se usa es el mejor sistema por sus prestaciones y precios, no hay nada que objetar. Si se trata del peor para esa administración pero se busca dar ejemplo para promover el uso de un paquete "regional" - promovido políticamente, la crítica ha de circuscribirse a lo político, tema en el que decidirán los ciudadanos en las urnas. Lo que sí debe recordarse es que los organismos públicos deben dar el mejor servicio, aceptando las reglas de mercado marcadas por la constitución en los países democráticos a la hora de adquirir o desarrollar sus soluciones. El desarrollo de paquetes "anticapitalistas" es una incongruencia en el marco político actual. Obviamente, no estoy diciendo que las autoridades pretendan desarrollar paquetes "anticapitalistas", pero sí que algunos de los románticos que apoyan estas opciones lo hacen porque dañan a las empresas y en especial a las multinacionales.

En todo caso, la política de apoyo a las empresas regionales está muy arraigada. Es frecuente contratar a la empresa local aunque sus precios sean más altos y su calidad menor. Un ejemplo clásico es el de la construcción de edificios oficiales. Por tanto, la crítica a la preferencia por la compra de software regional debiera insertarse en esos términos. La normativa europea se opone fuertemente a ese tipo de comportamientos desiguales que distorsionan los mercados. Un proveedor de software alemán debería tener igualdad de oportunidades que uno local. Si existe una empresa o comunidad informática que desarrolla software regional basado en Linux y se lo vende a su gobierno regional, debe ser considerado como un proveedor más.

Otra cosa es que la acción política rebase los límites de la compra para propio uso y se inscriba en los términos de crear un competidor o de ir más allá y distorsionar la libre competencia. En las comunidades que no aceptan de buen grado el principio de libre empresa es muy frecuente la constitución de empresas públicas para proveer servicios que pueden y deben ser dados por la iniciativa privada o que incluso se encuentran dentro de un marco de concesión pública.

Según se recoge en Cinco Días "La apuesta del Gobierno por el software libre va a materializarse en la creación de un centro nacional de desarrollo y fomento de esta tecnología. Estará ubicado en Almendralejo (Badajoz) y su objetivo es coordinar los avances de las Administraciones autonómicas en Linux" En definitiva, de una clara apuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero por el software libre.

Se trata de coordinar los sabores Linux/OpenSource creados en Extremadura (Linex), Andalucía (Guadalinex), Castilla La Mancha (Molinux), Valencia (Llurex) y en Cantabria (LinuxGlobal) e incluso parece que de promover su expansión a otras comunidades y usuarios. Dependiendo de la aproximación, los proyectos mencionados son más o menos agresivos con la libre empresa. Así, no habría nada que objetar a que, por ejemplo, un grupo de programadores hubiera querido formar su empresa de software libre, creando su propia distribución y que hubiera obtenido los consabidos apoyos que se dan a muchas empresas para promover la creación de empleo, el impulso a la tecnología, etc. Tampoco lo habría a que fuera un proyecto de investigación con dinero público que pudiera dar lugar posteriormente a iniciativas autónomas de distribución de software libre. Pero, si se trata de un proyecto público con dinero público para crear una competencia a las empresas que venden software propietario o libre (otras distribuciones de Linux) y que pretende, además, forzar la uniformidad de usos alrededor de un paquete, se trataría de otra cosa. Un paralelismo puede entenderse. Que se den algunas ayudas para la creación de empresas de hostelería en una comunidad turística, como por ejemplo, una actuación urbanística que embellezca la ciudad, es lógico. Que se desarrollen normas de calidad, igualmente. Pero, que una región decida crear su cadena de hoteles es malo, pues hará quebrar a las cadenas que no puedan permitirse las pérdidas que una pública si podrá. Que además se pretenda que esa cadena sea la dominante, mediante un descarado apoyo institucional, sería un paso atrás en la historia.

Lo mismo ocurre con los proyectos de WiFi de ciertas ciudades. Un proyecto municipal para que en los edificios públicos se pueda acceder con WiFi a los servicios públicos es enormemente positivo, de la misma manera que lo es que en los hoteles se ponga el servicio a disposición de los clientes o en las universidades de sus alumnos. No lo sería tanto si se pensara en el despliegue municipal de WiFi para uso generalizado de los ciudadanos y gratuito en cualquier punto compitiendo con redes privadas (domicilios, hoteles, universidades, cafeterías, etc) o con servicios de concesión pública (GSM-GPRS, UMTS) o con otras iniciativas privadas (grid Wifi, futuros WiMax, etc). Iniciativas como Afitel en Zamora, con apoyo municipal, pero con inversores empresariales y compitiendo en precios, son aceptables pues promueven nuevas alternativas para los consumidores pero no ahogan la libre competencia.